En un contexto de creciente demanda de megaproyectos de calidad, autoridades de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) informaron que se han formulado y facilitado análisis y estudios de factibilidad para seis proyectos, uno de los cuales ya fue aprobado.
Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de Anadie, explicó que entre las iniciativas se incluyen la implementación del Metro Riel, para la interconexión vial y transporte urbano de pasajeros del eje norte-sur de la ciudad de Guatemala, por 1 mil 88 millones de dólares, y el Sistema de transporte público masivo del eje oriente-occidente del área metropolitana, por 333 millones.
Además, se contempla la Vía Exprés, que abarca la edificación, ampliación y mejoramiento del
libramiento a la capital, interconectando la CA-09 Norte y la CA-01 Oriente, por 310 millones de dólares, y la construcción del Centro Administrativo del Estado (CAE), por otros 270 millones.
Adicionalmente, la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, por 125 millones de dólares. Este último proyecto es el único que ha completado el proceso de aprobación y se espera que próximamente se inicie la etapa de construcción.
Nuevo modelo
En relación con la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), que encabeza el listado de iniciativas bajo estudio de la Anadie, el presidente Bernardo Arévalo ha propuesto un modelo de capital mixto.
El mandatario ha aclarado que, mediante una intervención público-privada, el Gobierno busca atender las necesidades del AILA. Habló de un sistema en el que el Estado y los inversores privados aporten capital, con la posibilidad de emitir acciones para obtener más fondos.
No es una privatización
Estas obras se proyectan bajo la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Eco-
nómica, un modelo de colaboración entre los sectores oficial y empresarial en beneficio del desarrollo de la nación.
Karla de la Cruz, subdirectora de estructuración y contratación de la Anadie, detalló que las alianzas público-privadas (APP) permiten que el sector privado aporte capital y experiencia en la construcción y operación de obras de infraestructura, manteniendo la propiedad estatal de los activos.
“Las APP ofrecen múltiples beneficios como la eficiencia operativa, innovación tecnológica, transferencia de riesgos y mejora en la calidad de los servicios públicos. Todo esto se lleva a cabo bajo un estricto marco regulatorio que garantiza la transparencia”, especificó.
Por su parte, Mario Catalán, director de fiscalización interino de la citada agencia, destacó que los proyectos pasan por procesos de licitación pública competitiva y están sujetos a auditorías regulares. Además, el Congreso de la República desempeña un papel crucial en la aprobación, pues asegura el escrutinio detallado y alineamiento con los intereses nacionales.
Las autoridades de la Anadie enfatizaron que las alianzas no implican la privatización de los proyectos, ya que la propiedad de los activos permanece en manos del Estado. Los contratos incluyen cláusulas para asegurar la transferencia de estos activos en óptimas condiciones al término del contrato.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, sugirió buscar formas más ágiles de adjudicar obras, mientras que Juan Carlos Zapata, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), destacó la necesidad de apoyo político y presupuesto para que las APP avancen y generen beneficios significativos para el país.
En tanto, Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, y exdirector de la Anadie, resaltó la importancia de viabilizar estas iniciativas, promoviendo el interés de los inversionistas mediante certeza jurídica y reducción de los tiempos de aprobación, con el fin de construir obras que el Estado no tiene capacidad para llevar a cabo, pero que urgen para el crecimiento económico del país.
Los tres consultados coincidieron en que la aprobación de reformas a la ley en la materia podría facilitar la implementación de proyectos autofinanciados sin necesidad de la aprobación legislativa, permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de infraestructura crítica en Guatemala.
