El abogado y experto en derecho constitucional Edgar Ortiz calificó de grave y preocupante la publicación hecha ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que se reportó un incremento significativo de amenazas reales y tangibles contra la integridad de sus magistrados, lo que conllevó a la alta instancia a implementar un mecanismo de blindaje institucional supuestamente para minimizar el riesgo de sus integrantes.
La decisión fue publicada ayer en el Diario de Centro América mediante la Resolución 01-2024, en la cual la CC confirmó que toda la información relacionada con la seguridad de las autoridades será declarada bajo reserva por siete años.
La protección incluye la reserva de datos sobre los esquemas de seguridad de los togados, la identificación del personal de seguridad, la descripción del tipo de armamento y la asignación de
vehículos a los funcionarios.
Transparencia
Ortiz enfatizó la necesidad de transparencia y comunicación hacia la población. “Desde la Presidencia de la Corte o del Pleno se debería dar información a la población de lo que está ocurriendo, porque en todo caso es grave que los magistrados estén amenazados”, comentó.
Además, recomendó realizar las denuncias correspondientes y coordinar con instituciones como el Ministerio de Gobernación para garantizar la protección de los funcionarios.
Los cinco magistrados constitucionales, Néster Vásquez, Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus gozan del privilegio de seguridad personal, tienen asignados guardaespaldas y vehículo blindado. De ellos, solo Lemus tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el pasado 13 de enero.
