Foto: cortesía Noticias ADN
La decisión de cancelar una licencia a la minera Cerro Blanco, en Jutiapa, para que pudiera operar a cielo abierto, como lo habían autorizado las autoridades anteriores, fue vista de manera positiva por ambientalistas.
“La medida es un intento para ordenar los procesos que han presentado algunas fallas y anomalías propias de acciones de corrupción en el pasado”, afirmó Magaly Arrecis, experta socioambiental del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).
Al respecto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) argumentó que la resolución la tomó porque la empresa usó una figura de actualización de permiso ambiental para cambiar de una operación subterránea a una a cielo abierto, y que esto no procedía porque eso “implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al original”.
“Es una decisión interesante y esperanzadora; esperaría ver más acciones de este tipo porque hacen creer que, de repente, las cosas en verdad van a ser distintas en el país en temas ambientales”, agregó Arrecis.
“Le deberíamos estar apostando a industrias mucho más sostenibles, más regenerativas que creen empleos en los distintos territorios. Muchas veces estas iniciativas (mineras) solo causan conflicto, división y contaminación”, opinó Jeanne Samayoa, presidenta de la Alianza Cuenca Motagua y una de las fundadoras de la entidad Haciendo Eco.
Contexto
El 14 de junio pasado, Patricia Orantes, titular del MARN, anunció que se enmendó el procedimiento para cambiar la forma de explotación y que la minera “debe solicitar a este ministerio la evaluación de otro estudio de impacto ambiental para la actividad de explotación a cielo abierto”.
La autorización para esta permuta se solicitó por la compañía en 2021 y esta fue aprobada por el MARN el 9 de enero de 2024 (cinco días antes de que terminará la gestión anterior), se informó.
Orantes comentó que, durante el proceso, ahora anulado, se identificaron anomalías y citó, por ejemplo, el extravío de más de 900 folios del expediente original, se usurpó la identidad del notificador y el documento tiene asignado un número correlativo que le correspondía a otra empresa.
