Avances en acuerdos y la voluntad del Ejecutivo para poner fin a los problemas territoriales en el campo resaltaron dirigentes campesinos, quienes han entregado 160 expedientes a la Subsecretaría de Diálogo de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Este mecanismo para resolución de conflictos agrarios fue establecido el 7 de febrero pasado por la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera. Los casos datan de gobiernos anteriores que no quisieron resolver los litigios, dijo Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Atlántico (CCDA).
Juracán aseguró que parte de estos documentos ya estaban en poder de gestiones pasadas, pero los desaparecieron. Sin embargo, fueron recuperados.
El líder agregó que hay peticiones de acceso a terrenos que deben ser traslados al Fondo de Tierras (Fontierras), despojo de propiedades, disputa entre personas que se acreditan los inmuebles y cooperativas que han cobrado tres veces o promueven desalojos.
Juracán recordó que el compromiso fue firmado por el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Nuevo Día y el CCDA, para atender los problemas agrarios, tenencia de la tierra, fortalecer la economía campesina, la presencia del Estado en el interior del país y crear un espacio de diálogo permanente.
Se buscan soluciones
Por su parte, Daniel Pascual, integrante del CUC, sostuvo: “No criticamos ni estamos en contra del Gobierno; lo que deseamos es que se den soluciones a la conflictividad histórica en el campo”.
Entre otros aspectos, en el documento firmado se establece que Fontierras y los registros de Información Catastral y de la Propiedad deben ser reestructurados.
Esperanza Tubac, de Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, ve positivo que se conozcan los casos, para terminar con las expulsiones ordenadas por juzgados y la fiscal Consuelo Porras, que defienden otros intereses y no los de los campesinos.
