La caótica situación en que se encuentra buena parte de la infraestructura productiva nacional dimensiona la desmedida corruptela que caracterizó a las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuando se concesionaron contratos con escasos controles de calidad, los que, al parecer, compensaron con millonarias tajadas que les habría facilitado llenar innumerables caletas con efectivo.
Hoy, es innegable la destrucción en que se encuentran carreteras, puentes, puertos y la principal terminal aérea de Guatemala, obras que se caen a pedazos solas o producto de los deslaves que generan los constantes fenómenos climatológicos que, con cierta constancia, afectan este territorio.
Ejemplos de la calamidad de la obra pública son tantos, pero conviene recordar algunos. El llamado libramiento de Chimaltenango, la compra de gradas y elevadores para el Aeropuerto Internacional La Aurora, la oscura cesión de la administración de puerto Quetzal, las escuelas Bicentenario y la supuesta renovación de centros educativos son casos que permitieron el enriquecimiento voraz de exfuncionarios y contratistas a cambio del aumento de la pobreza de la mayoría de connacionales.
Esto sin tomar en cuenta los negocios espurios que los gabinetes de Morales y Giammattei lograron vía plazas fantasmas, compra de medicamentos y vacunas, víveres, programas para adultos mayores y niños y un largo etcétera imposible de enumerar en tan poco espacio. Solo en los primeros cinco meses de la gestión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se han elevado 103 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), las que, valga decir, duermen el sueño de los justos o alargan la pesadilla de la impunidad.
Recuperar la infraestructura productiva es algo realizable, sobre todo si se cuenta con capacidad y decencia y aunque llevará tiempo, está claro que este Gobierno comenzó el recorrido. Sin embargo, falta investigar y llevar a la cárcel a los responsables de esta ruina, lo que no ocurrirá mientras sus cómplices sigan en despachos claves de la administración de justicia.
