Las intensas lluvias que han afectado el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) en las últimas 96 horas provocan una lógica preocupación en los gobiernos y sus pobladores. Los desastres se cuentan en número de muertos, familias evacuadas, infraestructura en colapso y cultivos dañados.
De acuerdo con los expertos, la región está expuesta a otro fenómeno climatológico, que nació en el Golfo de México, el cual se traducirá en aguaceros por otras 72 horas. Aunque las administraciones cuentan con planes de contingencia, está clara la imposibilidad de evitar que la fuerza de la naturaleza cause los desastres que, con mucha certeza, no van a terminar cuando cesen las precipitaciones.
Por ejemplo, los ríos desbordados impactaron en muchas siembras, en especial de campesinos, quienes cultivan para autoabastecerse.
De ser certeras las advertencias de las cámaras empresariales, Centroamérica vería reducida su producción de comida, lo cual ocasionaría desabastecimientos e inflación, en el menor de los casos, porque también está el riesgo de que impacte en la seguridad alimentaria y nutricional.
El desalentador panorama que afecta al Istmo y, en particular, a Guatemala, debiera ser motivo suficiente para que las fuerzas sociales y políticas del Estado se ocuparan de aportar soluciones y, en un acto de empatía con sus votantes, abandonen sus intereses particulares para que, en el mejor de los casos, permitan al presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera y al Gabinete de Gobierno en general responder con prontitud y certeza.
Para empezar, los diputados tienen la enorme responsabilidad de acelerar la discusión del reordenamiento presupuestario planteado, el cual tiene el único fin de invertir en programas sociales la mejora de la recaudación fiscal prevista para este año.
En estos momentos, el país enfrenta una crisis seria, que requiere de funcionarios y congresistas serios, a la altura de las circunstancias. Por supuesto, también se espera que las cortes y los fiscales dejen de jugar a la política y contribuyan, con su presencia o ausencia, en el rescate del sistema de justicia.
