Las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) en contra del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y el comisionado Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, son percibidas por expertos y organizaciones civiles como intentos de amedrentar, intimidar y perseguir a funcionarios del Organismo Ejecutivo que han demostrado compromiso en la lucha contra la corrupción.
El abogado Alfredo Ortega, especialista en derecho internacional, interpretó estas medidas como una “suerte de intimidación” dirigida a dos funcionarios públicos que se han resistido a las presiones ejercidas por el MP. Ortega subrayó que estas acciones buscan minar la legitimidad y efectividad del Gobierno y podrían desembocar en un hostigamiento político.
“El MP es un aliado de los corruptos, cómplice de la impunidad e insiste en perseguir ilegalmente a sus enemigos políticos”. Santiago Palomo Comisionado Nacional contra la Corrupción
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, calificó los actos de la Fiscalía como “persecución selectiva”, y recordó que, en el pasado reciente, este patrón ha forzado el exilio de jueces, fiscales y periodistas. Afirmó que el ente pesquisidor está instrumentalizando sus poderes para hostigar a los funcionarios, tratándolos como enemigos políticos.
Por su parte, el abogado Edgar Ortiz, señaló que estas medidas evidencian un intento de “amedrentar” y confrontar al círculo cercano del presidente Bernardo Arévalo. Ortiz destacó la falta de celeridad del MP en casos de corrupción que involucran a funcionarios de la administración anterior, contrastando con la rapidez en las actuales pesquisas sin aparente mérito.
Todos coincidieron en que una medida esencial para la defensa de los funcionarios y la democracia del país es el retiro de la fiscal general Consuelo Porras.
La polémica surge tras la solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP al Legislativo, consultando sobre la existencia de inmunidad para los funcionarios citados, en relación con una denuncia presentada por Jorge Mondal, exdirectivo del Banco de los Trabajadores.
La Junta Directiva del Congreso, encabezada por el diputado Nery Ramos, respondió que no compete a ese órgano determinar esto, citando la Constitución y la Ley en Materia de Antejuicio.
En un video publicado desde Viena, Austria, donde participaba en la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, Palomo criticó al MP, que consideró un “aliado de los corruptos” y un “cómplice de la impunidad”, y denunció la persecución ilegal contra sus enemigos políticos.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había emitido una respuesta oficial sobre los requerimientos hechos, que involucran a los citados funcionarios del Ejecutivo, a pesar de los requerimiento de este medio.
