Es una obviedad que el mundo mira hoy de distinta manera a Guatemala. La imagen de país corrupto, que iba camino a convertirse en una dictadura que facilitó el saqueo de los fondos públicos, se transformó, tras la asunción de Bernardo Arévalo a la Presidencia, en el reconocimiento de un Gobierno
respetuoso de la ley y del Estado de derecho, que lideran personas honestas y confiables, que apuestan por el desarrollo permanente e inclusivo.
Con ocasión de su reciente gira de trabajo a Nueva York, EE. UU., el presidente Bernardo Arévalo revalidó su compromiso, y el de la vicemandataria Karin Herrera, de cumplir con la voluntad popular expresada en las urnas y defendida en las calles de construir una nación más justa, plural, solidaria, volcada a reparar los rezagos sociales históricos que han afectado, particularmente, a los pueblos originarios.
Esta obra es también un intento de contar aquello que no se puede contar.
En el primero de dos días de trabajo, el itinerario del Presidente incluyó citas con inversionistas, en las que los invitó a instalarse en el país. Participó, por primera vez, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunió con la máxima autoridad de ese ente multilateral y saludó a la colonia de migrantes guatemaltecos.
Ayer, Arévalo pronunció un discurso ante la Comisión de la Consolidación de la Paz de la ONU y se entrevistó con el príncipe Zeus Ra’ad Al Hussein, del Instituto Internacional de Paz. En todos los foros a los que acude el gobernante, reitera la renovada esperanza de los connacionales de vivir en un pueblo que facilite la prosperidad y crecimiento personal y comunitario.
Esos compromisos y la confianza que inspira el jefe de Estado no solo han conseguido apoyos políticos y económicos, sino motivado a empresarios a asentarse en este territorio que garantiza devolver las inversiones con rendimientos monetarios.
Durante su paso por la Gran Manzana, Arévalo advirtió sobre los riesgos que amenazan con regresar a sistemas autoritarios, que se sustenten en la corrupción y en mantener el control de las cortes y del Ministerio Público.
