Profesionales en economía y representantes del sector social consideran efectiva y oportuna la medida anunciada por el Gobierno de ampliar la cantidad de beneficiarios con la Tarifa Social de energía eléctrica, que se reflejará hasta un 80 por ciento de rebaja en la factura para consumos menores de 100 kilovatios por hora.
Javier Pineda, economista independiente, afirmó que la reducción de costo beneficiará, de manera muy positiva, a los hogares guatemaltecos. Consideró que lo que se ahorrarán lo podrán utilizar para suplir otras necesidades.
Pineda comentó que tener el servicio resulta difícil, por lo que la iniciativa es una manera palpable de apoyar los bolsillos y mermar una situación de encarecimiento de vida que se ha suscitado en los últimos años, cuando la inflación rozó el 10 por ciento en 2022.
Edgar Balsells, economista independiente e investigador socioeconómico de Flacso., coincidió en que la citada medida mitiga la inflación. “En estos términos es un amortiguador que protege la economía popular”, subrayó Balsells, quien calificó la decisión como oportuna y de mucho interés para la población.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, definió de acertada la disposición, ya que el costo de la energía es, efectivamente, una carga alta para las familias de más bajos ingresos, que ganan el salario mínimo.
Marroquín recordó que el Estado también tiene el deber y la obligación de velar porque los ciudadanos tengan un presupuesto que les permita acceder a servicios públicos básicos.
Reunión con inversionistas
El jefe de Estado viajó a Nueva York para reunirse con un grupo de inversionistas de alto nivel, con quienes analizará el establecimiento de proyectos que generen empleo en Guatemala. Asimismo, conversará con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para abordar temas de cooperación, así como asuntos de agenda internacional y multilateral.
Por definirse moratoria minera
El mandatario confirmó que el Ejecutivo definirá una moratoria minera, a fin de ajustar las condiciones para este tipo de contratos. El tiempo podría ser de entre un año y medio y dos, lo que permitirá conducir los estudios y el debate público. Además, adelantó la posibilidad de que sea un decreto gubernativo y no por iniciativa de ley que conozca el Congreso.
