Nueva York, EFE
El Congreso español aprobó ayer la ley de amnistía para los independentistas catalanes con causas judiciales pendientes. Esta exime de responsabilidad a los separatistas y tiene por objeto superar el conflicto político y social en Cataluña, aunque ahora depende de los jueces aplicarla.
Los imparciales, acaudillados por Carles Puidgedemont, quedaron fuera de la ley, cuando declararon unilateralmente la independencia en 2017, en contra de la Constitución.
La normativa, impulsada por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo 177 votos y se impuso a los 172 de la oposición de derecha.
Los defensores son conscientes de la incertidumbre para aplicarla, pues dependerá de cada juez; no es una amnistía automática.
También, está sujeta a que los jueces planteen una cuestión sobre la constitucionalidad o recurran a la Justicia europea para que determine si es consistente con las reglas comunitarias.
Los fiscales del Tribunal Supremo, quienes intervinieron en el juicio en el que fueron
condenados líderes tras aquella declaración de 2017, advirtieron que la orden de detención contra Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía, pese a lo que la ley contempla.
