San José, EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó ayer a El Salvador por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuéllar, la de su padre Mauricio Cuéllar, y la de su colaboradora Julia Pérez, ocurridas en 1982 en un contexto de persecución estatal a grupos que
consideraba subversivos.
Patricia Cuéllar, una activa colaboradora de movimientos cristianos desde 1975, desapareció el 28 de julio de 1982 cuando salió a dejar a sus hijos a una guardería, y ese mismo día su padre y la colaboradora doméstica fueron supuestamente sacados violentamente de su casa. Después, nunca se
supo de ellos.
Un día antes, no saber de ella, Cuéllar Sandoval acudió a la Oficina del Socorro Jurídico para denunciar la persecución por parte de cuerpos de seguridad vestidos de civil mientras se desplazaba en su vehículo por las calles de San Salvador, agrega el texto.
La Corte estableció que Cuéllar Sandoval fue víctima de amenazas y hostigamientos que culminaron con su eliminación, sin que el Estado cumpliera con su responsabilidad de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos.
Qué debe hacer ahora
Entre las órdenes del tribunal internacional destacan que el Estado deberá continuar las investigaciones penales, con el fin de esclarecer lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos. Asimismo, debe continuar con la búsqueda de todos, de forma rigurosa” y establecer, a la mayor brevedad, su paradero o la identificación de sus restos mortales.
Además, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas, y adoptar medidas para que se garantice la permanencia de las comisiones de búsqueda de las personas de quienes no se supo más.
La Corte también ordenó a El Salvador incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en los niveles educativos medio y superior, un programa de educación permanente sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos en ese país.
