Una acción de amparo destinada a detener la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones fue presentada la semana pasada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el abogado Amílcar Escobar Palma, lo que ha desatado un debate sobre la independencia del poder judicial y las influencias políticas en su funcionamiento.
La acción busca prolongar los cargos de las autoridades judiciales actuales, alegando que la toma de posesión se retrasó durante cuatro años debido a acciones legales que impidieron la elección de magistrados en 2019. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre los defensores de la democracia y la separación de poderes.
Al respecto, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, expresó a un medio local su inquietud sobre esta acción y destacó que parece un intento de manipular los plazos constitucionales del Organismo Judicial. Además, subrayó los vínculos políticos del citado abogado con partidos que han estado en el Gobierno en los últimos ocho años, insinuando posibles motivaciones políticas detrás del recurso planteado.
Por otro lado, Edgar Ortiz, especialista jurídico, advirtió sobre los riesgos que esta acción representa para la democracia, aunque considera que los argumentos presentados podrían no ser suficientemente sólidos para su aceptación. Además, reiteró que los actuales magistrados deberían concluir su mandato el próximo 12 de octubre, a menos que haya una decisión judicial que lo impida.
