Los diputados del Congreso de la República enfrentan una disyuntiva histórica: fortalecer el sistema democrático y velar porque se imparta justicia, o perpetuar la impunidad y corrupción que han impedido el desarrollo del país y alcanzar mayores niveles de prosperidad.
El dilema, fácil de resolver, le llega a los parlamentarios con la propuesta de reforma al
Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que promueve el presidente
Bernardo Arévalo. En esencia, hay que decirlo claramente, la referida modificación permitirá retomar las causas que legalicen el retiro de Consuelo Porras, quien se ha atrincherado en el cargo con un objetivo muy claro: asegurar la inmunidad propia y la de quienes integran el llamado pacto de corruptos.
Pero más allá de cumplir con la demanda social de concluir con “el oscuro ciclo” de Porras, el anteproyecto restituye la independencia del MP y lo obliga a rendir cuentas sobre sus actos, una responsabilidad que tienen todas las entidades estatales, la cual es común en las naciones democráticas del mundo.
Conviene aclarar que la Fiscal General y sus aliados en el Ministerio no se enfrentan a revanchismos políticos o venganzas personales, como sugieren las teorías conspirativas que provienen de algunos individuos y sectores. Estos funcionarios, muchos de ellos vetados en 43 países por su presunta complicidad en el saqueo del erario, confrontan a una ciudadanía que está consciente de que mientras la Fiscal General continúe en el puesto, la transparencia y la probidad en el aparato público continuarán siendo utopías.
Insistimos. En breve, esta legislatura, que ha enviado mensajes esperanzadores y optimistas, deberá elegir entre construir una Guatemala en donde ministros, diputados, magistrados y fiscales sean los buenos que rechazan a los malos y no al revés, donde los patos no solo le disparan a las escopetas, sino que se roban el armamento para perpetrar nuevos asaltos.
