Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
