Como oportuno es considerado el encuentro del próximo 17 de mayo entre los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de México, Andrés Manuel López Obrador, en un lugar aún no oficializado, pues es una ocasión para abordar problemas comunes como la migración, el narcotráfico y
contrabando.
En relación con el trasiego de drogas, Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), explicó que hay que tener presente que ambos mandatarios representan la política exterior, por lo que es relevante e imperativo incluir el asunto en parte de la agenda.
“Creo que será una de las principales discusiones, debido a que afecta la seguridad de los dos países. Se sabe que se han visto afectados por el comercio ilícito de la droga y generado violencia”, dijo el experto.
De igual manera, indicó que preocupan las declaraciones de López Obrador en cuanto a que manifiesta que se han tenido ciertas negociaciones con el crimen organizado, lo cual afectaría seriamente al permitir más libertad en la línea fronteriza y la lucha se revertiría a un solo territorio que no tiene las condiciones para combatirlos.
En este tema, el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, declaró con anterioridad que, la legislación de Guatemala no permite darle un espacio a un actor criminal, por lo que descartó cualquier acuerdo de este tipo.
Pérdidas millonarias
Luis Mazariegos, director del Observatorio contra el Contrabando de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGA&B), señaló que ambos gobernantes deberían abordar la situación del contrabando, debido a que se registra una evasión fiscal en valor de mercadería de hasta 17 mil millones de quetzales al año.
“El contrabando sucede a través de las fronteras con México, principalmente, por el paso en el río Suchiate. Adicionalmente es un asunto de salubridad, ya que no cuentan con registros sanitarios”, explicó.
El territorio guatemalteco tiene, según estudios del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 162 pasos ciegos o vehiculares no controlados (150 terrestres y 12 fluviales). De estos, la mitad afecta principalmente a San Marcos, Huehuetenango y Petén, por lo que es necesaria una política conjunta, para controlar el fenómeno, según los expertos.
Derechos a migrantes
Karla Baso, de Enlace Migrantes, consideró que se debería retomar la situación de los migrantes, principalmente en dos aspectos. La primera es la violación a los derechos humanos de las personas en tránsito, debido a que se sabe que las mismas autoridades mexicanas han violentado a compatriotas.
El segundo, en consideración que la migración es un derecho, se podrían desarrollar estrategias para visas de trabajos temporales o permanentes, y de negociaciones para becas de estudio.
“Hay dos tipos de migración: el que lo hace solo, que normalmente se va por el tren, conocido como la Bestia, y los que tienen posibilidades de contratar coyotes, los cuales en su mayoría están vinculados con el crimen organizado”, explicó Baso.
Por último, recalcó que deben discutir la situación de los menores de edad no acompañados, sancionar severamente a los traficantes de personas y dar protecciones a los individuos, debido a que mujeres y niñas son utilizadas para trata de personas y hombres con ciertos perfiles los utilizan para trabajos forzosos.
