viernes , 22 noviembre 2024
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EDITORIAL

Imposible no detectar la desmedida corrupción del gobierno anterior

Con justa razón, los ciudadanos se preguntan dónde estaban los responsables de dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) cuando ministros y secretarios del régimen de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez asaltaban, de manera desenfrenada, el erario.
Sobre todo, llama la atención la forma tan burda y descarada con la que actuaban.

Por esa razón, las pruebas mostradas por el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera son tan apabullantes. Es más, como se ha constatado en las múltiples y recientes denuncias de robo, estos pícaros recurrían al mismo y perverso patrón: asignar contratos a sus cómplices (con quienes sobrevaloraban los costos), para luego autorizar pagos superiores al 90 por ciento de obras, cuyos avances físicos eran inferiores al 50 por ciento.

Lo peor de esta embestida criminal es que muchas de las construcciones y programas fueron abandonados ante la mirada complaciente de estos bribones de cuello blanco y de los órganos contralores que tenían y tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Por eso no extraña comprobar cómo exfuncionarios y contratistas deambulan, campantemente, y lucen en sus redes sociales la vida de millonarios que ellos y su parentela se recetaron a costa del dolor y sufrimiento de un país que tuvo la mala suerte de ver, impotente, el actuar de semejantes pillos.

Las querellas que presentaron ayer el ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, y el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, relativas a una carretera por la que se abonó el 96.2 por ciento, pero se ejecutó el 57 por ciento, y la sobrevaloración de alimentos, pilas, kits de limpieza, tubos PVC, etcétera, se suman a las incontables fechorías identificadas, que pasaron desapercibidas por el MP y la Contraloría.

Estas situaciones vividas lloran sangre, pero es peor que en un amago por querer limpiar cara ante la opinión pública, estas instituciones finjan pesquisas que buscan proteger a los responsables y perseguir a los inocentes, como parece ocurrir en el caso de las vacunas Sputnik.

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