El desembolso de 22 millones 278 mil 777.1 quetzales en concepto de indemnización y pago de prestaciones a nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado malestar social y críticas entre los guatemaltecos.
El abogado Edgar Ortiz calificó esta acción como una “mala práctica” que debe ser eliminada. Según Ortiz, resulta ilógico indemnizar a funcionarios que ocupan cargos de período fijo, ya que su cese está programado y es parte inherente de su función.
“Le exigimos a la Corte Suprema que revise esos acuerdos, pues no tiene ningún sentido que los magistrados gocen de esos beneficios y debe ser algo que cambie con la actual magistratura”,
declaró Ortiz.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, respaldó estas opiniones y argumentó que las
autoridades no deberían recibir dichos privilegios, en especial, cuando existen instituciones equivalentes donde los mandos no gozan de tales ventajas.
Nueve años en el poder
El período en el que los exmagistrados ocuparon sus cargos se prolongó debido al retraso en la elección de togados a la CSJ y Salas de Apelaciones, entre 2019 y 2024.
Esta demora obligó a la magistratura designada para el período 2014-2019 a extender sus funciones, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la prórroga.
En 2023 asumió la actual Corte, lo que desentrampó el proceso para liquidar las prestaciones e indemnizaciones a los salientes.
Desde los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad del OJ, se informó que fueron indemnizados únicamente nueve de los 13 exintegrantes de la Corte, pues uno de ellos fue reelecto y los otros tres eran suplentes.
Por indemnizaciones se entregaron 8 millones 999 mil 553.76 quetzales a los funcionarios judiciales, y por concepto de prestaciones fueron desembolsados 13 millones 279 mil 223.30.
La expresidenta de la CSJ Silvia Valdés fue la magistrada que recibió la mayor compensación, con más de 3 millones de quetzales, mientras que los otros ocho recibieron 2.5 millones de quetzales cada uno.
