A coerción, a fin de que den marcha atrás con los amparos obtenidos para el otorgamiento de medicamentos, son sometidos afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por parte de médicos y personal de esa entidad.
Carmen (nombre ficticio, debido a que la paciente pidió no ser citada) padece fibrosis pulmonar. Cuenta que tras obtener la orden judicial para que le dieran Pirfenidona, empezó a recibir malos tratos del doctor que llevaba su caso en la Consulta Externa de Enfermedades del IGSS.
“Yo solo te voy a hacer tus recetas, no te voy a ver, ya que tenés doctores particulares”, cuenta que le decía, debido a que un especialista privado fue quien le recomendó el cambio que luego obtuvo
por la vía judicial.
Después de un tiempo sometida a presiones, renunció al tratamiento. “Solo desistí tres meses, no pude aguantar. Me ingresaron y me colocaron un tubo en el costado para que pudiera respirar bien porque un pulmón colapsó”, afirmó la entrevistada.
Desde hace un año recibe nuevamente, por medio de otra medida legal, el fármaco. Ella es una de las afectadas por el desabastecimiento en esa unidad, desde noviembre de 2023, tanto de medicinas amparadas como de las incluidas en el listado básico.
Los que acuden al Organismo Judicial (OJ) en busca de un remedio, que aseguran es mejor que el que ofrece el IGSS, atraviesan por etapas de miedo porque piensan que, por esa decisión, ya no los van a atender o perderán su jubilación cuando ese tiempo llegue, indica la Asociación Guatemalteca de Mieloma y Enfermedades Conexas (Asoguami).
Cifras y crítica
La Consulta Externa de Enfermedades registró, en 2023, 87 recetas amparadas y lideró el top 10 de los centros de atención del Seguro Social que enfrentan esta situación, de acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer durante una citación de autoridades del IGSS por parte de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Edgar Balsells, exrepresentante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ante la Junta Directiva del IGSS, criticó el otorgamiento de fármacos por órdenes judiciales.
“Las cortes no tienen el conocimiento para recetar medicamentos de marca. Eso es de interés de las droguerías que tienen el monopolio”, agregó el entrevistado.
También, dijo que esas decisiones afectan las finanzas del IGSS porque uno de marca es “10 veces más caro que un genérico ampliamente reconocido” por la Agencia de Estados Unidos para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y por oficinas de registro europeas.
“Es una judicialización de la salud. Hay fármacos más baratos, con el mismo efecto”, concluyó.
