Encontrar una ruta que permita la destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, es el objetivo de una consulta presentada ayer por el Ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
La acción fue planteada por considerarla una “actora corrupta y antidemocrática”, que “no está comprometida en la lucha contra el citado flagelo y consintió un intento de la ruptura del orden constitucional y del régimen político electoral de Guatemala”, indicó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.
“Con esta acción queremos dejar claro que el Gobierno continúa haciendo uso de los mecanismos legales y políticos adecuados para la sustitución de la Fiscal General, siendo necesario que el MP demuestre su compromiso contra el delito, como lo demanda el pueblo de Guatemala”,
indicó Guerrero.
Destacó que con esta consulta se quiere “aclarar el panorama” para definir las acciones en contra de Porras. “Buscamos una ruta que nos libere el paso, para que el Presidente, al establecer las causales, pueda removerla del cargo”, explicó. Según el Artículo 174 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, el plazo para que la CC emita su opinión es de 60 días.
Al ser consultados al respecto, el MP indicó que esta “es una acción que se suma al ataque sistemático contra la Fiscal, que evidencia la intención de obstaculizar la justicia y detener las investigaciones” de la institución.
Según el abogado Edgar Ortiz, la respuesta de la CC sobre la honorabilidad de Porras podría abrir la puerta para que el Ejecutivo la destituya. “Es una gran oportunidad para que la Corte rinda una opinión consultiva apegada a derecho e imparcial, que nos haga avanzar en la dirección correcta como país”, indicó el jurista.
Esta es la segunda acción que desde el Ejecutivo se ha promovido para remover a Porras. A finales de febrero recién pasado, bajo mandato del Presidente de la República, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, presentó una querella penal y solicitud de retiro de antejuicio. En ese momento, el funcionario explicó que la acción fue consecuencia del posible incumplimiento de deberes en que pudo haber incurrido, según el Artículo 419 del Código Penal, ante la negativa de participar en la junta del Gabinete de Gobierno a la que fue invitada el pasado 29 de enero y de la cual se retiró “abruptamente”. Ayer, al ser consultado por este proceso, Guerrero informó que tienen conocimiento de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha incluido esa solicitud en su agenda. Al respecto, Oscar Cruz, presidente del Organismo Judicial (OJ), confirmó que la petición de retiro de inmunidad aún no ha sido conocida por el pleno de la CSJ.
Guerrero aseguró que la Fiscal ha avalado la corrupción ignorando hechos graves como las denuncias por la adquisición anómala de las vacunas Sputnik V, para la inmunización contra el Covid-19; permitió que sus fiscales vulneraran las urnas, manosearan los votos de los ciudadanos y se atrevió a proponer la repetición de las
elecciones.
