Ya lo dijo la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, pero conviene parafrasear el mensaje: En cada gaveta que se abre en esa cartera y, en general, en el Organismo Ejecutivo, “hay una rata muerta”.
Con dicha expresión, la funcionaria dimensionó la corruptela que ha encontrado en las distintas dependencias de la cartera aludida, situación que, poco a poco, ha trascendido a la opinión pública y elevado la molestia que los guatemaltecos sienten ante la indecencia que ha caracterizado a los exfuncionarios.
Uno de los temas más emblemáticos, por la desvergüenza con la fue perpetrado, es el contrato para la instalación de ocho gradas eléctricas y seis elevadores en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
En este caso, el colmo del descaro ocurrió cuando se constató que la dimensión de las gradas eléctricas no coincidió con los espacios donde se iban a asentar.
De esa cuenta, las adquisiciones se encuentran abandonadas en la terminal aérea y a la espera, quizás, de un milagro divino que resuelva las asimetrías.
Como consecuencia de este supuesto latrocinio, De la Vega presentó denuncia en el Ministerio Público, en la que señala a su antecesor en el cargo, Javier Maldonado, y a Francis Argueta, exdirector de Aeronáutica Civil, de cuatro delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, concusión y fraude.
En otras condiciones, los ciudadanos confiarían en el imperio del Estado de derecho y esperarían, con algún grado de certeza, que los mafiosos sean juzgados y conducidos a la cárcel, pero lamentablemente el sistema de justicia ha sido cooptado para favorecer la impunidad y garantizar el asalto del erario.
Lo cierto es que esas ratas a las que alude la ministra continúan apareciendo en las escuelas bicentenario, pasos a desnivel, puentes y cuanta oportunidad de malversación se les presentó a quienes ejercieron cargos de alto y mediano nivel en el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, por citar a las últimas autoridades.