Hasta ayer tarde, se mantenía un ambiente de espera a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), presentara un recurso de casación contra el fallo del Juzgado de Mayor Riesgo que benefició al exsecretario de la Presidencia Roberto Alejos Cámbara en el caso de la Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, en el que se le implica, pero el cual fue cerrado.
Como es de recordar, la titular de ese Juzgado, Abelina Cruz Toscano, ordenó el pasado 12 de febrero el sobreseimiento de los cinco cargos por los que Alejos era señalado y por lo que fue llevado a los tribunales.
El citado recurso, que busca presentar la FECI, es un medio impugnativo extraordinario que tiene por objeto anular la sentencia judicial por considerar que contiene una incorrecta valoración, interpretación o aplicación de la ley (error iudicando).
Recientemente, el titular del FECI, Rafael Curruchiche, expresó no estar de acuerdo con la decisión de la jueza, y afirmó que “se apelará la decisión”.
Por otra parte, Kevin López, analista del área de seguridad, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), refirió que “el MP puede utilizar los recursos legales que considere necesarios y tiene las facultades para proponerlos”.
Según las investigaciones, uno de los principales operadores de la financiación de las campañas de distintos partidos políticos fue Alejos Cámbara, vinculado al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos, cargos de los que se aprovechó para solicitar y obtener sobornos, para lo cual utilizó bufetes de abogados y constructores que lavaban los recursos a través de sociedades offshore con sede en Panamá y Belice, y la compra de bienes inmuebles.
