Los servicios de salud, educación, seguridad y el bienestar económico de los residentes en las cercanías del puente Adolfo Mijangos López, conocido como Bran, zona 3 capitalina, han sido afectados desde que la mencionada estructura sufrió daños debido a un accidente ocurrido el 17 de febrero pasado.
Los trabajos de reparación están paralizados y ninguna dependencia pública ni municipal se hace cargo del asunto.
La respuesta recibida de las autoridades es que una mesa interinstitucional analiza el problema para establecer costos y delegar responsabilidades entre los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y de la Defensa Nacional (Mindef), así como de la Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Mientras, residentes del área expresaron su frustración por la falta de una solución inmediata a la situación, lo que les resulta en gastos adicionales en transporte e inseguridad, ya que los prestadores de servicios no ingresan en las colonias aledañas y no hay presencia de policías en el área.
“Si no fuera por el puente peatonal, estaríamos completamente aislados”, indicó Luis León, uno de los consultados, quien manifestó que no ven una solución a corto plazo y el problema genera incremento en gastos de gasolina o costos más elevados en pasajes.
No entran buses escolares, Uber ni taxis; la inseguridad se ha incrementado. En los primeros días después del incidente había agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), pero ahora “brillan por su ausencia. A mi esposa la tiró un motorista que se metió por el espacio peatonal”.
Rosa Hernández señaló que enfrentan inconvenientes porque ya no llega transporte ni servicio a domicilio.
“Por las mañanas es una agonía salir. Queremos que pongan atención y habiliten el puente. Hacemos un llamado al Gobierno y demás responsables para que atiendan la emergencia”, enfatizó.
Por su parte, Julia Ramírez comentó que irse de sus casas es peligroso, porque tienen que caminar y los pobladores corren el riesgo de ser asaltados. Sin embargo, se movilizan por necesidad. “Vivimos muchos adultos mayores; es el caso de mi esposo, a quien le cuesta salir. Aquí ya han ocurrido accidentes”, lamentó.
“Tenemos conocimiento de que ninguna entidad se quiere hacer responsable. Hasta que no suceda algo grave no le van a poner atención al problema”, concluyó.
