Era predecible, los grupos criminales que se alimentan de los fondos públicos siguen más vivos que nunca. Agazapados, esperan la oportunidad para regresar al poder y continuar saqueando las finanzas del Estado.
Luego de ser separados del Organismo Ejecutivo por medio del voto popular, ahora pretenden tomar las instituciones y sus presupuestos, poniendo a sus representantes en las gobernaciones departamentales.
Poco les importa pervertir un proceso democrático, transparente y participativo, que concluya con la selección de funcionarios aptos y probos.
Claro, hay que reconocer que tienen ventaja, porque no se rigen por normas o reglas y tampoco las mueve el bienestar del país y la decencia.
Sin embargo, olvidan que el gobernante Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera están conscientes de que a ellos les corresponde nominar a quienes los representen, así como sus principios y valores, en cada uno de los 22 departamentos.
La convicción del binomio presidencial de hacer el bien lo motivó a rechazar el 50 por ciento de las ternas enviadas y elegir a sus primeros delegados.
Los nombramientos, como lo expresó Arévalo, no son un cheque en blanco que permita continuar con los desgobiernos; al contrario, es un cargo altamente condicionado por la capacidad y la honradez, factores que determinarán su continuidad o despido.
Está claro que la guerra contra la deshonestidad no ha terminado; sobre todo, porque los procesos y mecanismos que rigen el Estado están cooptados, pero la lucha empezó y no claudicará, porque eso es lo que esperan los guatemaltecos y extranjeros, quienes confían que la nueva primavera llegó para quedarse.
Insistimos, enfrentar y romper la captura del Estado es una tarea enorme, para la que se necesita valor, apoyo y paciencia. El valor del Gobierno es más que evidente, el apoyo interno y externo es incondicional y la paciencia es una característica de quienes saben hacia dónde van.
