La ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, describió muy bien la descomposición que imperó en los desgobiernos pasados, cuando aludió a los más recientes saqueos detectados en la cartera que dirige: “En cada gaveta que abrimos hay una rata muerta”.
Puntualmente, la funcionaria se refirió a los hallazgos en el Fondo para la Vivienda (Fopavi), los que evidencian que las administraciones anteriores hicieron de la corrupción una política de Estado, que les permitió acumular fortunas en efectivo, que luego escondían en casas y bodegas o gastaban a manos llenas dentro o fuera del país.
De acuerdo con lo informado por las autoridades del despacho de Comunicaciones, la anterior Junta Directiva del Fopavi aprobó, el 16 de noviembre de 2019, durante la transición de las gestiones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el reglamento operativo interno del referido fondo, el cual les permitió el manejo discrecional de los recursos.
Según la normativa, la institución puede (la norma sigue vigente) desembolsar hasta un 30 por ciento del valor de una obra que tiene cero avances físicos. Vaya coincidencia. El 30 por ciento que se ha comentado, cobran los mafiosos para conceder proyectos.
En el peor de los casos, esta regulación avala anticipos de hasta el 50 por ciento para proyectos habitacionales, sin que se haya puesto un solo clavo.
Pero insaciables como son, las mafias trataron de asegurar negocios a futuro. De esa cuenta, en una sesión ocurrida el 21 de noviembre de 2023, los directivos respaldaron, por unanimidad,
10 mil 664 subsidios, los que suman 373 millones 240 mil quetzales, cantidad que equivale al 50 por ciento del presupuesto 2024 de Fopavi.
Las denuncias no quedaron ahí. Los corruptos engañaron a comunitarios, a quienes pidieron
adelantos a cambio de lotes y viviendas que, dos años después, no existen.
Claro, De la Vega ya ordenó enmendar el reglamento, aunque resta esperar que el Ministerio Público y los tribunales hagan lo propio, para asegurar que las ratas no vuelvan a apropiarse de las gavetas.