Cortesía: PNC
El combate a la intimidación y agresión física contra la población guatemalteca, para obtener un beneficio económico, es el más dominante de los delitos de inseguridad heredados al presidente Bernardo Arévalo, en comparación con los tres últimos gobiernos.
La tasa por cada 100 mil habitantes del citado fenómeno criminal que recibió la actual administración fue de 112, mientras que la de los últimos tres residentes de la Casa Presidencial fue de 99, 31 y 42, de acuerdo con el informe ¿Cómo quedamos con los datos?, período 2008 al 2023, elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
La investigación también concluye que entre enero y febrero de 2024 ocurrieron 595 homicidios, la segunda cifra más baja en el período analizado, que mide los primeros meses de cada administración.
En voz de expertos “Entre los retos de la actual gestión, y los subsiguientes, está entrelazar el tema de seguridad y políticas anticorrupción,
porque si se roban el dinero no se va a poder invertir recursos” para garantizar la protección de los bienes y la vida, afirmó Karla Campos, del GAM.
La entrevistada consideró que ya se implementa una estrategia contra ese lastre criminal y que, a partir de ahora, la población podrá ver, mes a mes, si hay resultados y si es funcional.
Lizandro Acuña, analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), manifestó que las requisas que se realizan en las cárceles deben ser permanentes y que, además, se debe “combatir la corrupción en el Sistema Penitenciario para tener el control de lo que ingresa y sale”.
Sumado a ello, agregó, se debe bloquear la señal de telefonía en las prisiones. “Se ha publicado que ya hay un diálogo con las empresas y eso es fundamental” para atacar el problema, concluyó.
