”La mentira dura mientras la verdad no llega”, reza un conocido refrán que se ajusta como anillo al dedo a los esfuerzos que se impulsan en el país.
Cada día las nuevas autoridades dan a conocer más casos de abusos que se fraguaron desde instituciones del Estado para acallar a quienes alzaron su voz contra aquellos que coparon el poder y buscaban crear una dictadura.
En este sentido, una de las peores infamias cometidas fue el exilio que viven jueces, fiscales, activistas y periodistas, dada la persecución de que fueron objeto por parte del Ministerio Público (MP), organismo que no les perdonó que cuestionaran su pasividad frente a las múltiples denuncias de corrupción presentadas por ciudadanos y organismos nacionales e internacionales.
El supuesto montaje de procesos impulsados por diferentes fiscalías, en presunta complicidad con jueces y magistrados, es un tema que debe esclarecerse y, eventualmente, castigarse, no solo como un principio de justicia, sino que, en el mejor de los casos, para evitar que estos
atropellos vuelvan a cometerse.
La denuncia presentada ayer ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, tras instrucción del presidente Bernardo Arévalo, es el inicio de la búsqueda de la verdad sobre acontecimientos que caracterizan a las tiranías.
Este es el caso de la auditoría que el Gobierno requiere que la Contraloría realice en el MP, a fin de saber si hubo desviación de fondos públicos para financiar acosos contra connacionales.
Aunque la solicitud pretende revelar la responsabilidad que el secretario general del ente investigador, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, tiene en el mal uso de los impuestos, el escrutinio podría alcanzar a otros autores como el expresidente Alejandro Giammattei, la Fiscal General, el exministro de Finanzas y el exprocurador General de la Nación.
En fin, nuestro sistema democrático empieza a recuperar su sentido, lo que implica que la
verdad se anteponga a la mentira y se termine castigando a los culpables.
