El tema indigna, preocupa, hiere, porque refleja la decadencia y la insensatez humana. Lo peor es que el problema, lejos de controlarse, aumenta, ante la aparente indiferencia de las instituciones llamadas a evitarlo y castigarlo.
El embarazo de niñas es una tragedia de consecuencias sociales incalculables, aunque conviene precisar aquellas que recaen de manera directa en las menores. Para empezar, las pequeñas ven cortado su desarrollo natural y realización personal.
Además, suelen enfrentarse a inestabilidades familiares y pueden sufrir complejos de inferioridad o rechazo de su círculo cercano. En fin, terminan sacrificando sus sueños y anhelos por embarazos no deseados o, en el peor de los casos, violaciones producto de los bajos instintos que perviven entre algunos hombres.
En este marco, es alentador que el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera expongan las situaciones que imperan en algunos departamentos del país e inicien campañas de prevención que buscan persuadir, pero sobre todo castigar a estos delincuentes que en la mayoría de ocasiones son familiares o amigos de las víctimas.
Las estadísticas que muestra Alta Verapaz en los primeros meses de 2024 obligan y comprometen al Estado y a la sociedad civil a poner las barbas en remojo. Según lo informado, en enero pasado, la citada jurisdicción reportó 13 menores de 14 años en estado de gestación, mientras que en lo que va del año se contabilizan 80 denuncias de violaciones sexuales.
El llamado a unir esfuerzos que lanzó ayer Herrera en Cobán, donde inauguró las jornadas móviles de prevención de violencia sexual, explotación y trata, es valiente y oportuno, pero lamentablemente sería insuficiente si la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público y Organismo Judicial incumplen sus tareas de investigación, detención y castigo de esos desadaptados que deben estar tras las rejas.
