En redes sociales, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) lleva perdida su obstinación de permanecer en el cargo. Luego que el Gobierno solicitara que se le retire el antejuicio, los guatemaltecos se pronunciaron y dejaron clara su posición en torno a la necesidad de que Consuelo Porras salga.
El clima de rechazo que genera la funcionaria no es nuevo, aunque sí más intenso. Tampoco es un asunto interno, dadas las posiciones fijadas por Estados y organismos internacionales, que no solo cuestionan su idoneidad sino que, peor aún, su compromiso de impulsar la probidad y combatir el enriquecimiento ilícito.
Si bien el proceso de antejuicio iniciado por la administración que lideran Bernardo Arévalo y Karin Herrera es un gran paso en el compromiso de limpiar las dependencias gubernamentales, también es cierto que el camino a seguir será complicado, por los apoyos políticos y empresariales, abiertos y solapados, que tiene la aludida.
De esa cuenta, Guatemala enfrentará una batalla decisiva a favor de imponer la decencia en la nación. Dicha contienda también desenmascarará a quienes, del diente al labio, abogan por imponer un verdadero Estado de derecho y someter la impunidad que ha reinado en el mal uso de los impuestos. Pero cuidado, no se trata de un duelo personal entre el binomio presidencial y Porras; es una misión que marcará el presente y futuro del país.
Los nuevos aires que se respiran en el Congreso de la República permiten pensar que los representantes del pueblo escucharán las demandas de los ciudadanos, quienes, casi al unísono, exigen el retiro de una persona que inspira poca confianza y credibilidad.
Finalmente, conviene recordar que nadie es superior a la ley, y que la negativa de la Fiscal General de atender el llamado laboral que le hizo el jefe de Estado debe ser evaluada y de ser pertinente, castigada, como ocurre en una democracia donde las instituciones funcionan como debe ser.
