Reexaminar 56 mil 600 casos de víctimas del conflicto armado que dejó sin atender el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) es una de las acciones en el plan de trabajo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
El PNR “ya cerró; está en proceso de liquidación y estos expedientes quedaron sin ser atendidos. Hay que recuperar esos archivos, revisarlos, darles la importancia que tienen porque son muchos los afectados. Este es un primer paso”, afirmó Oswaldo Samayoa, titular de la Copadeh.
Con relación a si se les dará una compensación económica, respondió que “no, de momento. Lo primero es verificar y, si existía el compromiso del Estado de dar este resarcimiento económico, hacerlo”. Mario Itzep, director del Observatorio de Pueblos Indígenas, calificó de positiva esta medida. “Son actitudes que se valoran. Empezar a discutir esta posibilidad es una buena noticia, de cara a las familias” que se quedaron sin ser atendidas, indicó el entrevistado.
29 mil personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la guerra, que duró más de 36 años
“Creo que el Gobierno tiene voluntad política, y debe retomarse esa situación pendiente y que las personas tengan esa posibilidad de ser resarcidas”, agregó.
Otros esfuerzos
El funcionario de la Copadeh también comentó que la entidad que dirige no va a negar la existencia de violaciones a los derechos humanos. “Debemos reconocerla y, al hacerlo, podemos trabajarla”, remarcó. Agregó que van a impulsar temas de reconciliación nacional, en políticas de garantías fundamentales y para la protección de quienes las defienden.
Para lograrlo, aseguró, se realiza una reestructuración de la Copadeh, cuyo trabajo se “redujo al tema de litigio internacional y no es exclusivamente eso lo que hay que hacer”. Guatemala, memoria del silencio, de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), registra más de 42 mil víctimas de violaciones, entre ellas 29 mil ejecutadas o se les hizo desaparecer durante el conflicto armado interno en el país.
