Durante la anterior magistratura del Organismo Judicial (OJ) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), los contratos aumentaron 70 por ciento, lo cual ha generado malestar en diferentes sectores del país. A ello se suman los incrementos salariales, considerados un abuso.
Debido a ello, las autoridades del OJ y CSJ afirmaron que se analiza lo relativo a lo que se devenga actualmente. Los magistrados titulares pasaron de devengar 46 mil 800 a 79 mil quetzales. Por este incremento, el pago de sueldo, bonos y gastos de representación al presidente de ese organismo llegó a 103 mil 975 mensuales y 82 mil 225 quetzales para el resto de togados.’
10 contratos fueron rescindidos, según el titular de la CSJ.
“Hubo un reajuste para jueces de Paz y de Primera Instancia, magistrados de cortes de Apelaciones y de la CSJ, basado en aspectos tomados por la autoridad anterior”, dijo Oscar Cruz, titular de esa institución. Cruz consideró prudente iniciar con una propuesta a efecto de disminuirlos, debido a que para la población es un tema que hace ruido.
Además, comentó que mediante auditorías se revisaron los contratos del personal y fueron retiradas 10 personas. Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales (Ipnusac), explicó que, además de los salarios, están las bonificaciones para todo el personal, lo que representa que el mayor gasto de presupuesto se destine al área administrativa.
Antejuicios
Por otra parte, Cruz informó que los antejuicios planteados contra funcionarios se encuentran en las cámaras correspondientes. En el caso de los presentados contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, están en pausa, porque hay recusaciones contra algunos magistrados, lo que ha detenido el asunto, hasta que sean resueltas.
Además, destacó que la Ley de Aceptación de Cargos es positiva como herramienta en delitos que se pueden aplicar y agilizar. En relación con señalamientos contra jueces, deberá ser el Ministerio Público el que efectúe las acciones correspondientes; y en el caso de magistrados, designar a un juez pesquisidor para que decida lo concerniente.
