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El caso contra ocho militares acusados de la desaparición forzada de 565 personas entre 1982 y 1988, durante el conflicto armado interno, quedó clausurado. Estaban acusados de la ejecución de campesinos, cuyos restos fueron encontrados en 82 fosas en un cementerio clandestino, donde hoy funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz), en Cobán, Alta Verapaz.
La decisión fue tomada ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC), que rechazó los recursos que el Ministerio Público (MP) presentó para evitar el cierre del expediente. Entre los implicados figura el general retirado Benedicto Lucas García. Es hermano de Romeo Lucas García, quien, bajo una dictadura, gobernó el país entre 1978 y 1982.
Los otros favorecidos son Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar. Los forenses encargados de la exhumación de las osamentas lograron identificar a 150 de las víctimas. La jueza Claudette Domínguez había otorgado medidas sustitutivas a los acusados y, luego, el cierre del caso, como actos previos a la confirmación de la CC.
Según el MP, las investigaciones por este hecho comenzaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso Plan de Sánchez, en el cual fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. En el transcurso de este juicio, testigos aseguraron que dentro de la Zona Militar número 21, con sede en Cobán, había un cementerio clandestino en donde estarían los restos de 565 pobladores, entre hombres, mujeres y niños. • Con información de EFE
