En un esfuerzo por consolidar un entorno seguro y justo para todos los ciudadanos, el Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, ha delineado sus prioridades en el eje Seguridad Democrática.
Siguiendo el plan del Ejecutivo, se prevé una inversión significativa en el fortalecimiento de las instituciones, con el objetivo de combatir la delincuencia de manera contundente y asegurar la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía.
Parte central de esta iniciativa es el abordaje estratégico de delitos con alto impacto, como las extorsiones. Para ello, se proyectan resultados a corto y mediano plazo.
12 mil policías contempla incorporar a la Policía el Organismo Ejecutivo.
La inversión está dirigida a reforzar el marco institucional de la seguridad pública. Esto implica un robustecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), la profesionalización de los servicios de inteligencia, el control efectivo de los centros penitenciarios y un enfoque reforzado en la vigilancia de fronteras marítimas, aéreas y terrestres para enfrentar el crimen transnacional.
Entre las estrategias para la prevención y seguridad ciudadana en los próximos cuatro años, se destaca la desarticulación de bandas delictivas mediante el uso eficiente de la inteligencia civil y la investigación criminal.
La edificación de una nueva cárcel para penas graves, con una inversión de Q1.1 millardos, es una apuesta clave para eliminar el control de las prisiones. Este modelo de gestión penitenciaria, más seguro y actualizado, apunta a aislar a reos peligrosos y redefinir la política penitenciaria.
El compromiso de recuperar las calles para la ciudadanía se reflejará en el apoyo a la PNC, con la adición de 12 mil nuevos elementos y la implementación de un plan integral de policía comunitaria que trabaje de la mano con la población. Además, se realizará una inversión de Q1.2 millardos para la construcción y mejora de las instalaciones de la PNC.
