Uno de los retos que marcó el trabajo de la IX Legislatura fue la crisis sanitaria mundial causada por la pandemia del Covid-19, que llevó a los diputados a cumplir con su facultad constitucional de
proteger la vida humana.
Para ello, el pleno del Congreso de la República aprobó distintas leyes para el resguardo de la vida, seguridad, salud y economía familiar, además de garantizar el flujo de servicios básicos como el gas propano, electricidad y combustible.
Entre las primeras acciones de este alto organismo está la implementación del Decreto 8-2020, que ratificó el Estado de Calamidad Pública. La normativa se dio el 5 de marzo de 2020, ocho días antes de que se oficializara el primer caso en Guatemala.
Con ello se asignaron Q230 millones para la conformación de un fondo de emergencia y se autorizó la compra de bienes, suministros y contratación de personal para atender la emergencia sanitaria.
Entre las normativas para resguardar a la población está la Ley 10-2020, que destinó recursos para la gestión del riesgo de desastres con una opción de desembolso ante catástrofes, con un apoyo económico por US $200 millones.
Por emergencia nacional fue aprobado el Decreto 13-2020, Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados, con el que se creó el Fondo de Bono Familia, que benefició a miles de hogares y el de Protección del Empleo para quienes se quedaron sin trabajo.
Otra prioridad fue garantizar los servicios básicos de agua, luz, cable, telefonía e internet con el 15-2020. Además, el 17-2020 que destinó US $100 millones para el financiamiento de expansión de cobertura a través de la creación de nuevos centros.
De igual manera, el 15-2021, Ley de Apoyo Social a los Consumidores de Gas Propano, permitió el desembolso de recursos en cuanto a subsidios para la compra del referido hidrocarburo, que favoreció a más de 10 millones de guatemaltecos.
