Lic. Francisco Leal
Asesor de Gerencia
Actualmente existen políticas públicas ya implementadas en algunos municipios, pero en muchos casos, su motivación proviene de lineamientos del gobierno nacional o de las agencias de cooperación, por lo que las municipalidades no cuentan con una estructura que facilite la recolección de información y por lo tanto la consecución del ciclo de la política pública, sobre todo en lo relativo a la evaluación.
Ello se debe a que no existe un órgano dentro de la administración municipal que permita monitorear los flujos de información de forma organizada e interpretarlos para una posterior planeación estratégica en el plano de un marco secuencial.
El modelo de desarrollo para las próximas tres décadas propende a formas más descentralizadas y autónomas de gobierno en el contexto local, incluso, en la formulación y gestión de sus propias políticas públicas; al unísono, se optará por una mayor intervención de todos los actores de la sociedad en estos
procesos.
La Constitución guatemalteca muestras importantes progresos al respecto: otorgamiento de autonomía a los municipios a partir de políticas descentralizadoras.
En esta dirección, en la mayor parte de los países son incuestionables los avances en el orden normativo, sin que esto signifique estar exentos de limitaciones e insuficiencias en el camino hacia un gobierno municipal centrado en las políticas públicas. En este marco, la política pública debe ser utilizada por los gobiernos locales y la administración como una herramienta esencial para lograr efectividad en la solución de los problemas públicos, en la profundización de la democracia, el control de los recursos y la
legitimación del poder.
En el caso de Guatemala, contribuiría, por una parte, a mitigar las demandas ciudadanas en las comunidades.
Por otra, serviría de soporte a la política de desarrollo local y al fortalecimiento de los órganos locales del Poder Popular y su gestión.
El ejercicio de gobierno local centrado en las políticas públicas requiere que los gobiernos locales sean dotados, mediante procesos descentralizadores, de autonomía para la formulación y gestión de sus propias políticas públicas. A la par, deben instituirse mecanismos que viabilicen una amplia participación de los ciudadanos en las políticas públicas en perspectiva de un derecho constitucionalmente reconocido, que garantice su libre ejercicio ante los poderes públicos.
La Constitución guatemalteca muestras importantes progresos al respecto: otorgamiento de autonomía a los municipios a partir de políticas descentralizadoras; sin embargo, falta la institucionalización de la política pública como herramienta para la gestión de los gobiernos municipales y el reconocimiento del derecho de participación ciudadana en el contexto local.
