La explicación sencilla que ofrecen los expertos cuando dimensionan las consecuencias positivas o negativas de la inflación es la siguiente: los precios de los bienes y servicios suben o bajan, por lo que todo es más caro o más barato para los bolsillos de los ciudadanos.
Obviamente, el peor de los impactos sociales es cuando este índice se incrementa, puesto que la teoría se vuelve realidad y los hogares resienten la depreciación de sus monedas. De esa cuenta, es alentador el reciente informe rendido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra la caída que esta referencia económica ha tenido en 2023, al pasar de 9.69, en enero, a 4.98 por ciento, en octubre.
Si a la baja inflacionaria le sumamos la fortaleza del quetzal frente al dólar, encontramos razones suficientes para explicar el poder adquisitivo o la estabilidad monetaria que en las últimas semanas tienen los connacionales al momento de hacer mercado (cuando notan que los costos continúan valiendo lo mismo o hasta menos).
Eso sucede cuando toca saldar deudas bancarias, por ejemplo. Vemos que las tasas se mantienen o se reducen y que el interés que se cobra por los préstamos es accesible. Claro está que estas condiciones no son obra de la casualidad, pues son provocadas por una alta disciplina fiscal, una férrea vigilancia de las metas macroeconómicas y una criteriosa ejecución del gasto público.
Adicionalmente, Guatemala se ha visto favorecida por los precios internacionales del petróleo, que han llevado a una rebaja constante de los combustibles, lo cual también ha incidido en el control y reducción de los importes.
Para terminar de revisar los buenos tiempos que atraviesan los compatriotas en materia financiera, conviene parafrasear lo expuesto en el informe del INE, cuando se anota que el descenso de los valores de las mercancías trasciende los números y se refleja en las mejoras de las condiciones de vida de todos, aun de aquellos que viven en zonas alejadas y apartadas de la ciudad capital, a las que sirve la actual administración.
