Lic. Francisco Leal
Asesor de Gerencia
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Muy por el contrario, el desarrollo de un territorio requiere de la activa confluencia de muchas políticas sectoriales que contribuyan a nivelar condiciones iniciales de acceso a bienes y servicios, a paliar procesos de diferenciación social que pueden producirse como resultado de las propias dinámicas de desarrollo territorial (Trivelli, 2019) o definir un conjunto de reglas de juego e incentivos para promover la inversión pública en el territorio, entre otras posibles funciones.
Para ello, el territorio del departamento o de la región debe comprenderse por parte de las instituciones como un sujeto fundamental del desarrollo, al incorporar las distintas dimensiones de este; es decir, el desarrollo sectorial, institucional, cultural y político, el desarrollo económico, el desarrollo sustentable y ambientalmente compatible con la naturaleza, y el desarrollo social y humano.
En él intervienen el conjunto de actores y agentes que lo habitan o que actúan sobre él, con su organización social y política, su cultura e instituciones, siendo esta últimas actores claves para propiciar su desarrollo.
La mejora de la coordinación institucional entre los distintos niveles territoriales de la administración pública es una condición necesaria
En este marco, el punto de partida de cualquier estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional en el territorio debe ser la articulación de los delegados institucionales en torno a visión de desarrollo territorial, en la cual quede claro el rol de cada institución en el territorio según su misión.
En esta visión debe quedar claro, además, que la mejora de la coordinación institucional entre los distintos niveles territoriales de la administración pública es una condición necesaria para avanzar en el enfoque del desarrollo territorial y que precisa impulsar una movilización conjunta de las instituciones, a fin de avanzar en la elaboración de iniciativas o estrategias de desarrollo innovador en el territorio.
“La trayectoria de desarrollo de un territorio solo cambia cuando las instituciones públicas ejercen presión sobre los actores sociales y económicos a favor del cambio de su situación actual hacia una mejor. La materialización de ese cambio depende de la existencia de instituciones públicas que tengan los recursos, las competencias, el poder y las ideas para impulsar el desarrollo territorial en una dirección diferente.
