El pasado 13 de octubre, tuvo lugar en Ginebra, en el marco de la 86 Sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) la presentación de parte de Guatemala del examen de país, liderado por la Seprem y con una amplia representación del Estado.
La Delegación Oficial estuvo conformada por funcionarios/as y técnicos/as de los tres poderes del Estado; entre las que destacan la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación y varias instancias, entre ministerios, secretarías, comisiones y consejos del Organismo Ejecutivo.
El examen revisó lo expuesto por el Estado en su décimo informe periódico. Para ello, fueron también analizados el informe de seguimiento del Estado, de las anteriores observaciones finales del Comité y sus respuestas escritas a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el grupo de trabajo anterior al período de sesiones.
El examen revisó lo expuesto por el Estado en su décimo informe
periódico.
Durante su intervención inicial la Seprem, a través de la jefa de Delegación, la secretaria presidencial de la mujer dio a conocer los avances en materia de derechos humanos de las mujeres en el país, en todos los ámbitos, así como los principales desafíos que recomendó encarar y dar seguimiento al gobierno entrante y entre los que destacan:
a) Consolidar el control de convencionalidad en la dimensión de las políticas públicas; b) Recuperar el rol coordinador que le corresponde al Ejecutivo, respecto de los otros poderes del Estado y los órganos de control, en lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres, en línea con el Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a la preeminencia del derecho internacional.
Este es el paso previo para avanzar en el diseño de una agenda legislativa consensuada entre los tres poderes del Estado y las organizaciones de sociedad civil, destinada a revisar, armonizar y/o alinear el marco jurídico nacional a los compromisos internacionales, de manera particular en lo relacionado con la legislación ordinaria; c) La garantía de un piso básico de protección social para las mujeres de todos los grupos socioculturales.
Este examen se constituye en el actual contexto institucional, un cierre de la presente gestión y en una oportunidad para contar con las recomendaciones del Comité de Expertas de primera mano para las nuevas autoridades.
