En su más reciente informe sobre los resultados obtenidos luego de la implementación de nuevos controles en el ingreso de extranjeros, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) comunicó que había denegado el permiso a 3285 foráneos, entre los que incluye a sospechosos de terrorismo y abuso sexual infantil.
De hecho, las autoridades refieren que el martes recién pasado vetaron a un estadounidense, quien es señalado de pederasta. Lo cierto es que las inspecciones del IGM son plausibles, dado que alejan del territorio nacional a personas que no tienen las calidades morales ni éticas para fomentar la buena convivencia.
Las medidas que efectúa el referido instituto incluyen verificaciones más estrictas contra ciudadanos que buscan pasar por el territorio nacional sin la documentación legal respectiva. Conviene recordar que estos indocumentados, la mayoría latinoamericanos, son tratados con respeto y con pleno atención de sus derechos humanos. De hecho, reciben atenciones dignas, que abarcan aspectos sanitarios, nutricionales y de hospitalidad.
La citada estrategia forma parte de la política de seguridad pública que implementa el gobierno que lidera el presidente Alejandro Giammattei, la que ha alcanzado avances trascendentes como la reducción de la tasa de homicidios o los fuertes golpes dados a las redes del narcotráfico y los cárteles del crimen transnacional.
Conviene recordar que el país y sus ciudadanos tienen el prestigio de ser altamente empáticos, atentos, amistosos y muy sociables, características que obligan al impulso de medidas para
mantener las buenas costumbres.
De hecho, en el tercero de sus cinco ejes, la Política General de Gobierno 2020-2024, relativo a Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, esta administración definió y aseguró las condiciones para buscar y consolidar la democracia, que orienta la convivencia pacífica y armoniosa que generan las condiciones adecuadas para la atracción de inversiones y la creación de empleos.
