Los expertos apuntan que el crecimiento económico y el mercado no son suficientes para reducir las desigualdades.
Es necesaria la actuación legislativa de los gobiernos para tratar de disminuirlas, con políticas sociales dirigidas hacia los más pobres. Otros sectores afectados son las minorías étnicas o la población femenina. Las cuotas que favorecen su contratación por las empresas ha sido una de las vías propuestas por muchos gobiernos.
Justificación de las Políticas Sociales. Las políticas sociales son necesarias porque los beneficios del crecimiento económico no llegan automáticamente a todos los ciudadanos.
Las políticas sociales no se justifican solo por humanitarismo, son una necesidad para el crecimiento económico y para la estabilidad política de los países, para mantener el apoyo de los ciudadanos a sus gobiernos.
Los argumentos que justifican la promoción de las políticas sociales son: Invertir en las personas mejora la calidad y la productividad de la mano de obra, lo que, a la vez, estimula la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico.
Los argumentos que justifican la promoción de las políticas sociales son: Invertir en las personas mejora la calidad y la productividad de la mano de obra, lo que, a la vez, estimula la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico.
Elevar los ingresos de los ciudadanos más pobres aumenta la demanda interna y, a su vez, estimula el crecimiento económico; un mayor índice de consumo entre los grupos de bajo ingreso contribuye a expandir el mercado interior.
Las sociedades con grandes desigualdades sociales están asociadas a índices de crecimiento inferiores. La inversión en niñas y mujeres tiene numerosos efectos multiplicadores en el desarrollo económico y social.
Las sociedades desiguales son injustas, y tampoco pueden garantizar la estabilidad política y social a largo plazo, lo que constituye una barrera para el crecimiento económico.
Y no menos importante, la desigualdad es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según las cuales todo el mundo tiene derecho a unas mínimas condiciones de vida (alimento, ropa, vivienda, educación, cuidado médico, seguridad social y otros).
Por estas y otras razones, las políticas económicas y sociales deben ser promovidas en paralelo, de manera que se refuercen mutuamente, desde las fases más tempranas del desarrollo, como parte de la estrategia nacional de desarrollo y el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos.
