Felipe Irarrázabal
Centro Competencia UAI
Universidad Adolfo Ibáñez
Las autoridades de competencia no la tienen fácil. El camino es largo y sinuoso. La tramitación de la solicitud ante el TDLC debiera demorar un buen tiempo. De ahí, a la Corte Suprema, luego al Presidente de la República de turno que difícilmente sería el actual para terminar en el Congreso.
El trabajo requiere llegar a tener un diagnóstico claro con base en evidencia dura algo difícil de obtener en este tipo de procedimientos, tanto de las eficiencias propias de los conglomerados como de los riesgos competitivos inherentes a su existencia y de la razonabilidad de las medidas recomendadas.
El proceso debe ser técnico y basarse en datos precisos, evitando caer en ideologizaciones o meras abstracciones académicas. El proceso debe restringirse a asuntos de competencia tal cual lo mandata la ley y no a otras políticas públicas, debiendo la Corte Suprema exhibir un razonable grado de deferencia. Sería deseable que el TDLC luego de los aportes de antecedentes circunscriba el objeto de esta ERN y adopte medidas eficientes para resguardar la confidencialidad.
“El proceso debe ser técnico y basarse en datos precisos”.
La FNE debiera coordinar eficazmente a las otras autoridades para buscar miradas compartidas. El solicitante debería profundizar en sus argumentos, de manera transparente, en especial respecto de los riesgos efectivos en libre competencia y sus remedios. Los grupos económicos, por sí o por medio de sus asociaciones, debieran participar en este debate, principalmente respecto de sus eficiencias y las razones económicas de sus organizaciones.’
En caso de que se adopte una recomendación, el Ejecutivo y el Congreso debieran desplegar seriedad, profundidad y mirada de largo plazo en sus análisis. Harto pedir. El asunto puede ir para cualquier lado. Hay múltiples riesgos principalmente que esto sea utilizado por quienes quieren debilitar la economía de mercado, aunque no sepan con qué reemplazarla, pero también hay una oportunidad para analizar, con pruebas empíricas, prudencia y cordura, el rol de los grupos económicos en la economía de mercado de nuestro país.