MSc. Eduardo Villatoro Guzmán
Delegado de Simplificación de
Trámites [email protected]
El 30 de agosto de 2021, entró en vigor el Decreto Número 5-2021 del Congreso de la República de Guatemala, también conocido como la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos.
Esta noticia fue recibida con un entusiasmo palpable, tanto por los ciudadanos como por las Instituciones del Organismo Ejecutivo. Anteriormente, el realizar trámites en la administración pública solía ser un verdadero desafío. No solo afectaba el desempeño laboral de quienes necesitaban estos trámites, sino que también tenía un impacto económico en sus vidas. Era tiempo de cambio y simplificación.
La aplicación de esta ley representó una labor titánica para la administración pública. Requirió una supervisión sustancial por parte de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, el ente encargado de impulsar esta legislación. Las instituciones se enfrentaron a limitaciones tecnológicas y legales para implementar los nuevos procedimientos propuestos.
A pesar de las limitaciones físicas, el verdadero y más crucial reto para la administración pública fue la actitud de los funcionarios. Como bien se sabe, muchos tienden a aferrarse a sus zonas de confort, un estilo de vida laboral para muchos. A medida que avanzaba cada plazo de ley, cada funcionario marcó la diferencia en numerosas ocasiones.
Sin un cargo específico o compensación, se destacaron con su actitud y eficiencia, iluminando el camino a través de los procesos burocráticos. El 30 de agosto de 2023 constituyó la fecha límite establecida por ley para la implementación del Decreto 5-2021. Durante este tiempo, las Instituciones avanzaron en diversas etapas del proceso; sin embargo, no todas lograron completarlo.
“El compromiso y la comprensión de lo que beneficia a todos se reflejan en los trámites que
ahora pueden realizarse en línea.”
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 41 de dicho Decreto, se prevé la posibilidad de prorrogar los plazos, brindando así a las instituciones una vía legal para cumplir con lo estipulado. Uno de los logros destacados ha sido la innovación en la incorporación de tecnologías esenciales que promueven el uso progresivo de medios electrónicos y facilitan pagos electrónicos. Además, de ofrecer a los usuarios la posibilidad de evaluar la atención recibida en un gran número de trámites. Esta extensión del plazo, que ahora denominamos prórroga, representa una valiosa oportunidad para concluir con éxito el cumplimiento de los objetivos.
Nos brinda la posibilidad de implementar mejoras continuas y analizar cuidadosamente las posibles debilidades detectadas en el plan previo y en los cronogramas propuestos. La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico está instando a una actualización del plan, buscando la participación activa y comprometida de los responsables para reflejar en el nuevo cronograma los aspectos clave en los que debemos enfocarnos, sin descuidar las directrices establecidas por el mencionado Decreto.
Asimismo, brinda a los ciudadanos la oportunidad de acceder a los portales institucionales y compartir sus opiniones sobre las propuestas para la implementación, así como también expresar sus experiencias previas como usuarios. Como resultado del avance, nos hemos enfrentado a innumerables sorpresas y resistencias de índole legal que no estaban previstos en la creación y fundamentos del Decreto 5-2021.
A pesar de ello, vemos un indicio de cambio gracias a la buena voluntad de las máximas autoridades y la colaboración de las Instituciones de apoyo que buscan mejorar el país mediante trámites más eficientes y procesos interrelacionados. La propuesta ya está sobre la mesa, el trabajo ha comenzado. Ahora, comprendemos la importancia de simplificar, y si aplicamos este enfoque a todo el sistema gubernamental que actualmente está generando desorden en el país, podríamos lograr una calibración precisa y trazar un camino a seguir más efectivo.
En muchos países del tercer mundo, enfrentarse a trámites burocráticos complicados y engorrosos es una realidad. No obstante, en Guatemala, este escenario comienza a desvanecerse. La simplificación de estos procesos ha contribuido notablemente a la eficiencia económica del país, fomentando la inversión y el establecimiento de nuevos negocios.
Al simplificar los procedimientos, se reducen las oportunidades para el soborno y la extorsión, a la vez que se promueve la rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, un aspecto que hemos logrado identificar y que representa un avance significativo.
Es fundamental comprender que la simplificación de trámites no es un proceso de ejecución única, sino que requiere una mejora continua. Por ello, las instituciones deben establecer mecanismos de evaluación y revisión periódica de sus procesos administrativos. Al mismo tiempo, es esencial documentar los procedimientos para que sean más fáciles de ejecutar y evaluar, permitiendo identificar áreas de mejora.
