En una muestra clara y concreta de transparencia, el Gobierno comenzó un ejercicio sano y ejemplar, como es el hecho de detallar los alcances y beneficios que los programas sociales han tenido en las comunidades, económicamente, más vulnerables.
El traslado de información dimensiona los esfuerzos ejecutados de 2020 a la fecha, y advierte la voluntad del Organismo Ejecutivo de informar sobre el uso de los fondos públicos, aunque también representa el respeto de las autoridades hacia el derecho de los ciudadanos de saber en qué se gastan sus impuestos.
Sin embargo, más allá de las formalidades que implica esta rendición de cuentas, es más trascendente mostrar los beneficios que las obras han tenido en la vida de los connacionales. Por ejemplo, la gestión que lidera el Presidente de la República se puede preciar de haber llegado a más de 1 millón de familias con bonos o bolsas sociales.
Estos incentivos, que consisten en transferencias monetarias condicionadas, están dirigidos a hogares que cumplen con llevar a sus hijos de 0 a 15 años a servicios de salud, así como en la entrega de víveres de la canasta básica, para garantizar la nutrición de los beneficiarios.
Paralelo a esta acción, otros 968 856 compatriotas que estaban en inseguridad alimentaria recibieron raciones de comida. También, a 206 462 pequeños productores se les distribuyeron Q1 mil, para que evitarán problemas de salud producto de la no ingesta de comestibles.
Sin embargo, por la dimensión que tienen, son dos los proyectos que más distinguen al Gobierno. Uno, la administración de complementos fortificados a 8.5 millones de niños de entre 6 meses y 5 años, quienes podrán afrontar un futuro más esperanzador, y el incremento de personas de la tercera edad incorporados al Programa del Adulto Mayor (PAM), un servicio creado para resarcir a quienes crearon la Guatemala que hoy vemos prosperar y desarrollar.
