Con el objetivo de que la justicia y seguridad lleguen a los guatemaltecos de manera pronta y cumplida, la IX Legislatura ha aprobado 27 decretos enfocados en la materia de 2020 a la fecha.
Entre las normativas destaca la 14-2020, que viabilizó la firma de un convenio económico para el fortalecimiento del Ministerio Público (MP), a fin de lograr eficiencia en el combate de los fenómenos delictivos. El pacto fue suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US $60 millones.
Con estos fondos, la entidad logró ampliar su cobertura, con la habilitación de más sedes en el ámbito nacional. Por su parte, el Decreto 16-2020 avaló US $300 millones para el Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia, lo que hizo posible que las entidades respectivas se acercaran más a la ciudadanía y la construcción de juzgados.
El 5-2022 reformó la Ley de Migración, la cual es conocida como anti coyotaje, que establece penas de hasta 30 años de cárcel para quienes cometan los delitos por tráfico y pérdida de vidas humanas. Además, los parlamentarios respaldaron el 11-2022, en relación con los ilícitos cometidos contra la niñez y adolescencia a través de medios tecnológicos, como la seducción y el chantaje sexual.
De esta manera, el Congreso ratifica sus esfuerzos y brinda herramientas para que la población tenga acceso a la justicia y seguridad de una forma pronta y cumplida.
