En las últimas semanas nos hemos percatado de la importancia de que las autoridades del Organismo Ejecutivo cuenten con estrategias y programas definidos, que orienten sus acciones e inversiones. Además, somos testigos de lo vital que se torna que esas planificaciones sean impulsadas por funcionarios capacitados y con alto nivel de ejecución.
La reflexión viene luego de analizar los resultados que recientemente ha comunicado el Gobierno en diferentes materias. Por ejemplo, ayer se informó que la actual administración registra el promedio de carreteras construidas más alto de 1996 a la fecha, dato que se escribe fácil, pero que tiene mucha profundidad, sobre todo porque se trata de infraestructura clave, que trae consigo innumerables repercusiones en el quehacer social y económico de Guatemala.
A este logro se suma el de la matrícula escolar, que en 2023 alcanzó cifras históricas. Lo mismo ocurre con la recaudación fiscal, que el año pasado llegó al 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), compromiso que el Estado adquirió en 1996, como parte de los Acuerdos de Paz Firmes y Duraderos.
Los éxitos obtenidos en materia macroeconómica, constatados por las principales calificadoras del mundo, y la ampliación del número de beneficiados con el Programa del Adulto Mayor (PAM), que durante esta gestión duplicará lo registrado antes del 14 de enero de 2020, son otras claras muestras de que el país marcha, indiscutiblemente, hacia la transformación total.
A propósito de llegar a resolver y no a improvisar, conviene recordar que la Política General de Gobierno 2020-2024 contiene la visión del Estado que se busca construir y los desafíos que deben enfrentarse para cristalizar las metas y objetivos que, en estos momentos, se van alcanzando y fortaleciendo a favor de compatriotas que hoy no solo se sienten acompañados, sino que son atendidos en cada una de sus necesidades particulares y familiares.
