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La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó ayer a más de 4 mil agentes a distintos puntos de la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia, donde gremios y organismos sociales convocaron una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Los manifestantes piden la renuncia de la gobernante, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales, las mismas exigencias de las protestas gubernamentales que se desarrollaron entre diciembre y marzo pasados, con un saldo de 77 muertos; 49 de ellos, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Medios locales informaron que desde la madrugada de ayer grupos de personas emprendieron movilizaciones en distritos y provincias, en las que se confirmó la participación de la Central Única de Barrios de Puno y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).
Al respecto, el jefe de la X Macro Región Policial en Puno, Enrique Monroy, informó que la Policía mantenía el resguardo de las instituciones públicas y privadas, incluido el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, que fue reabierto a fines de abril pasado tras permanecer cerrado durante más de tres meses por los disturbios antigubernamentales.
Según sus organizadores, se convocó un “paro seco”, que comprende la detención de las actividades económicas, comerciales, educativas y de transporte, lo que incluye el bloqueo de vías en la región.
