El fenómeno del contrabando aduanero daña la economía de los países. Ese delito es uno de los responsables de la disminución de ingresos tributarios, en detrimento de la población que necesita más programas de desarrollo.
Ante esa situación, el Gobierno ha endurecido las acciones de combate a ese delito en nuestro territorio. Entre las medidas está la instalación de los Puestos de Control Interinstitucional (PCI), que han permitido una mejor vigilancia en las diferentes aduanas y carreteras estratégicas.
Como resultado de esa tarea, a cargo del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), las autoridades reportan resultados importantes.
En ese sentido, el citado delito se redujo en 40 por ciento en 2022, comparado con 2021. Este es un logro del trabajo conjunto entre los sectores público y privado, en el marco del Coincon.
El reciente informe de la mencionada instancia también resalta 727 acciones que corresponden a 3 operativos binacionales, entre Guatemala y El Salvador; 546 en carretera, 137 en aduanas, 1 regional y 40 allanamientos coordinados con el Ministerio Público (MP).
Las mercancías decomisadas ascienden a un valor de Q60 millones, mientras que las medidas y ajustes en aduanas, alrededor de Q350 millones y las 34 denuncias por defraudación aduanera, Q235 mil.
Adicionalmente, el Centro de Monitoreo de Marchamo Electrónico dio seguimiento a más de 50 mil operaciones relacionadas con importaciones y exportaciones. Esta medida generó 36 mil alertas y 22 coordinaciones interinstitucionales. Esto es importante porque crea confianza en el traslado de mercancías.
De esa manera, el Ejecutivo y las entidades que integran el mencionado consejo ratifican el compromiso de mejorar la tarea de combate a la defraudación aduanera, así como en elevar las cifras de recaudación, lo cual contribuirá a impulsar más proyectos en beneficio de las comunidades necesitadas.
