Sebastián Toledo
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El próximo 25 de junio los guatemaltecos acudiremos a las urnas electorales para decidir las autoridades que regirán el destino de nuestro país en los siguientes cuatro años, acto para el cual deberemos prepararnos con responsabilidad.
Una fiesta cívica donde participamos todos-as, los candidatos que aspiran a ejercer un cargo público, así como la ciudadanía en general, la que a través de su voto nombrará a un binomio presidencial, 160 diputados al Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 342 alcaldes. Para el ejercicio de un voto responsable, más que centrar nuestra atención en los contenidos de la campaña política, debemos hacer los mejores esfuerzos para conocer los planes de gobierno y determinar si nos sentimos incluidos en las propuestas.
Es un ejercicio saludable y pertinente, sobre todo si además de ello, nos preocupamos por saber quiénes integran los equipos de trabajo y la hoja de vida de cada uno de los candidatos. Es una tarea un tanto difícil, más si tomamos en cuenta el enorme listado de aspirantes a un cargo público, pero debemos pensar que las actuales y futuras generaciones lo merecen y nos recordarán por ello.
Las personas con discapacidad representamos el 10.38 por ciento de la sociedad guatemalteca
Otro aspecto a considerar, es que el voto le permite a todo ciudadano-a, la demanda del cumplimiento de los compromisos de campaña, por lo que debemos hacernos notar. Las personas con discapacidad representamos el 10.38 por ciento de la sociedad guatemalteca, alrededor de un millón 600 mil personas aproximadamente, más nuestro núcleo familiar, alcanzamos por lo menos más de tres millones de habitantes.
Una cantidad que nos da solvencia para solicitar la inclusión de las demandas del sector en los planes de gobierno, no solo en las instituciones del Organismo Ejecutivo, sino también en el Legislativo y en el gobierno municipal. Con mucha convicción, estamos trabajando en una mesa de inclusión implementada por el Tribunal Supremo Electoral, para contar con las garantías necesarias que nos permitan ejercer un voto libre e informado.
Por lo que los respetables contendientes en el proceso electoral 2023 tendrán que acercarse a los distintos grupos de este sector para dar a conocer sus planes de gobierno, los que deberán estar formulados a la luz de la normativa internacional de derechos humanos.
