Sebastián toledo
Las asociaciones guatemaltecas socias de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis), procedieron a la firma de carta de entendimiento para fortalecer la inclusión de esta población en las elecciones generales del país. Un organismo regional con presencia en América latina, que ejerce el rol de órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la representación del continente americano ante la Alianza Internacional de Discapacidad.
Las organizaciones firmantes son: Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad y Asociación de Sordos de Guatemala que, conformaron el consorcio para dar visibilidad a los derechos de participación social de este sector, con el apoyo de la dirigencia del organismo regional en referencia, acción que en esta oportunidad se asume en el marco del proceso electoral 2023.
El esfuerzo se promueve a la luz de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Persiguen la elaboración de la Guía de Inclusión de las Personas con Discapacidad al Proceso Electoral, la capacitación del personal y equipo de voluntarios, así como a los distintos grupos de personas con discapacidad. Una iniciativa que ejecutarán con el apoyo de la Christian Blinden Mision (CBM), agencia alemana de cooperación con más de 50 años de trabajo con grupos vulnerables, especialmente de las áreas rurales.
El esfuerzo se promueve a la luz de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Guatemala mediante Decreto 59-2008, que mandata la inclusión de este sector en la vida pública y política de los Estados. A 14 años del acto, son muy pocos los avance que se registran en los diferentes campos, aunque debe reconocerse que el órgano electoral ha dado
significativos pasos.
De acuerdo con el censo 2018, la prevalencia de discapacidad en Guatemala es del 10.38 por ciento, un millón 600 mil habitantes aproximadamente. De esta cifra, por lo menos el 70 por ciento está en edad para ejercer el voto, por lo que deben fortalecerse las medidas de accesibilidad en los centros electorales, la implementación de herramientas que garanticen la secretividad del sufragio y la producción de material informativo en medios y formatos apropiados, en consulta y diálogo con los propios interesados.
