Sebastián Toledo
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En cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abre la convocatoria al proceso electoral 2023, acto que nos llevará a elegir a las próximas autoridades políticas del país para los siguientes cuatro años. Acontecimiento que debe ser del interés de toda la ciudadanía guatemalteca sin excepción alguna, por lo que a los diferentes sectores se nos abre la oportunidad de visibilizar nuestras necesidades y demandas.
Para el caso de la ciudadanía con discapacidad, se han realizado los primeros acercamientos con las autoridades del TSE y la dirigencia de organismos internacionales relacionados, a fin de revisar y fortalecer las acciones adoptadas para asegurar la participación de este sector. Un derecho que se ha venido impulsando desde la década de los 1990 y se fortalece en cada proceso, mismo que se ha institucionalizado conforme estándares internacionales. Según el Censo del 2018, los habitantes con discapacidad representan el 10.38 % de la sociedad guatemalteca, alrededor de un millón 600 mil personas, de la que más del 60 % está en edad para emitir el sufragio.
Para el proceso electoral 2023 se tiene la expectativa de alcanzar significativos avances.
Constituye un número importante de ciudadanos-as, por las que deben realizarse los mejores esfuerzos para garantizar su derecho al voto informado con las medidas de accesibilidad necesarias. Para el proceso electoral 2023 se tiene la expectativa de alcanzar significativos avances, ya que algunos de los magistrados del TSE han estado vinculados en su actividad profesional y laboral con los asuntos de discapacidad con importantes aportes. Esta es una oportunidad inmejorable para generar propuestas sostenibles y sustentables, acciones que deben estar debidamente institucionalizadas.
Un consorcio de organizaciones conformado por la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad y la Asociación de Sordos de Guatemala, se han acercado al TSE para la elaboración de una guía de inclusión del sector al proceso electoral. Una propuesta que ha recibido ofrecimiento de apoyo, ya que responde a las orientaciones definidas en el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que regula su inclusión en la vida pública y política de los Estados.
