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El martes pasado, Honduras puso en marcha un Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión, acordado hace dos semanas por el Gobierno, que estará a cargo de la Policía Nacional con otros entes del Estado, que incluye un estado de excepción en 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, que regirá ininterrumpidamente hasta el 6 de enero de 2023.
La titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Isabel Albaladejo, subrayó que Honduras, “sin duda, tiene un gran problema; todo el fenómeno de la extorsión”, flagelo que en los últimos años ha dejado centenares de muertos y miles de micros, pequeños y medianos empresarios en la ruina, con alta incidencia en el transporte interurbano y servicio de taxis.
“Cuando hablamos de las mal llamadas políticas de mano dura, es importante asegurar un firme y férreo control y combate a la criminalidad y la violencia, pero a partir de medidas que fortalezcan la capacidad de prevención y de investigación de los hechos”, agregó.
Por lo anterior, “es importante que Honduras se aleje de esas políticas de mano dura, que lamentablemente se han dado en países cercanos en la región, traducidos en graves violaciones de derechos humanos y completamente ineficaces en el control y en el combate a la criminalidad y la violencia”, concluyó.
